Tensión por el financiamiento vial: acopiadores irán a la Justicia por el «tarifazo» en los accesos

Exportadores y acopiadores rechazan el nuevo plan de financiamiento provincial para las obras viales en las terminales del cordón industrial. La propuesta busca reemplazar las tasas municipales por un aporte en dólares que elevaría el costo por camión de los 20 mil pesos actuales hasta casi los 85 mil.

Si vivís en Rosario o transitás habitualmente hacia las localidades vecinas, sabés que el estado de las rutas que llevan a las terminales portuarias es un problema histórico que afecta la seguridad y el tránsito de todos. El vecino de la región tiene que estar atento a esta discusión porque la Provincia busca una solución definitiva mediante un fideicomiso, pero el fuerte aumento en las tarifas que deben pagar los camiones ha generado un conflicto que podría terminar en la Justicia.

La iniciativa oficial propone cobrar un aporte de un dólar con cincuenta centavos por cada tonelada de grano recibida en los puertos de la zona. Este dinero se administraría a través de un fideicomiso independiente para garantizar que los fondos se destinen exclusivamente a pavimentación, reparación y extensión de las calzadas que conectan con los muelles exportadores del cordón.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera manifestaron su apoyo a la necesidad de mejorar la infraestructura, pero calificaron el monto como excesivo para la competitividad del sector. El descontento radica en que el costo administrativo de implementar este cargo es complejo, especialmente en un mercado con precios fijados a futuro, lo que genera incertidumbre entre los operadores portuarios y las empresas.

Por su parte, los acopiadores y productores advirtieron que este incremento terminará impactando directamente en el eslabón más débil de la cadena productiva. Desde la Federación de Entidades Acopiadoras ya anticiparon que recurrirán a medidas judiciales, argumentando que no existe una justificación clara para un salto tan brusco en los valores que se tributan para el mantenimiento de los caminos.

El gobierno santafesino defiende el modelo asegurando que los privados tendrán sillas en el organismo de control para auditar el destino de cada peso invertido. El objetivo es que los camiones que desgastan las rutas financien los arreglos, evitando que el mantenimiento recaiga sobre los automovilistas particulares. Sin embargo, la falta de consenso sobre la cifra final mantiene la tensión.

Una pulseada económica que definirá la velocidad de las obras necesarias para mejorar la circulación en una región clave para la economía del país, mientras los vecinos esperan caminos más seguros y menos congestionados por el tránsito pesado.