El magistrado interviniente ratificó la medida cautelar restrictiva de la libertad para la funcionaria perteneciente a la fuerza de investigaciones. Los representantes del Ministerio Público lograron neutralizar los reiterados planteos de morigeración presentados por la defensa particular de la acusada.
La pesquisa penal determinó que la empleada estatal suministraba datos confidenciales a bandas dedicadas al comercio de sustancias ilegales. Los fiscales de la unidad especializada acreditaron que las infidencias perjudicaron dieciocho allanamientos simultáneos que pretendían desbaratar quioscos de comercialización minorista en Avellaneda, configurando graves maniobras de encubrimiento agravado que atentan directamente contra la credibilidad gubernamental y el correcto desempeño de las funciones de seguridad ciudadana encomendadas en los departamentos norteños.
La estrategia judicial de los defensores se concentró en exhibir peritajes socioambientales junto a carpetas médicas para aliviar las condiciones de encierro. Los jueces de los tribunales con asiento en Reconquista consideraron insuficientes dichos argumentos, dictaminando que la permanencia de la uniformada en un pabellón carcelario común resulta indispensable para conjurar los elevados riesgos de entorpecimiento probatorio, ante las evidencias que exponen intentos de involucrar falsamente a las máximas jerarquías de la fuerza provincial.
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