El máximo tribunal santafesino asignó superficies cubiertas en la inminente ampliación del Palacio de Justicia a los organismos fiscales y de la defensa oficial. Las autoridades de ambas dependencias autónomas decidieron no aceptar el ofrecimiento por considerarlo contrario a las planificaciones iniciales.
La controversia por la distribución inmobiliaria cobró fuerza pocas semanas antes de la apertura del moderno complejo tribunalicio en la ciudad capital. Los representantes de la acusación penal manifestaron que la propuesta de la Corte de trasladar oficinas al Fuero Laboral o al último piso rompe con las asignaciones acordadas presupuestariamente durante las etapas previas de edificación, vulnerando explícitamente los resguardos constitucionales que exigen consensos bilaterales mutuos antes de modificar los espacios físicos destinados al funcionamiento diario de las instituciones persecutoras que operan en territorio santafesino.
La discusión de fondo trasciende los límites arquitectónicos y expone un quiebre de relaciones institucionales derivado de las últimas reformas normativas en Santa Fe. Los defensores de la independencia orgánica denunciaron un intento de exclusión de las nuevas sedes bajo el argumento de su estatus autónomo de extrapoder judicial, un escenario de distanciamiento que la conducción del Ministerio Público definió como una urgencia de partición patrimonial equitativa dentro del Centro de Justicia Penal, donde persisten roces de convivencia funcional entre fiscales y magistrados provinciales.
Las negociaciones permanecen estancadas a la espera de una nueva mesa de diálogo que intente acercar las posturas de los ministros tribunalicios y las jefaturas fiscales. Los expertos en derecho constitucional advierten que la parálisis organizativa impactará directamente en la atención al público, requiriéndose una solución inmediata que respete el rol clave de la defensa y la investigación criminal dentro del nuevo esquema del sistema acusatorio regional
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