El informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina confirmó la clausura masiva de unidades productivas en todo el país. La fuerte contracción económica afectó con mayor severidad a las microempresas, generando una pérdida de puestos laborales a un ritmo constante durante los últimos meses.
La combinación entre la caída de las ventas minoristas y el incremento del ingreso de productos importados deterioró los márgenes operativos locales. La menor actividad fabril se tradujo en una desaceleración de la producción industrial que las firmas pequeñas no lograron absorber, derivando en quiebras y reducción de personal.
El encarecimiento de los servicios públicos y los combustibles alteró la estructura básica de gastos fijos para el sector comercial. Este aumento de costos fijos coincidió con tasas de interés crediticias que superaron a la inflación, encareciendo el financiamiento necesario para sostener la operatividad diaria de las plantas.
Las firmas medianas y pequeñas intentaron sostener sus plantillas mediante esquemas de ajuste interno que resultaron insuficientes. La pérdida de empleos formales alcanzó a más de ciento ochenta mil trabajadores, concentrando los mayores perjuicios en los rubros de alimentos, indumentaria y materiales de construcción.
El panorama evidencia la dificultad del entramado pyme para competir en un contexto de apertura comercial e insumos dolarizados. Las perspectivas del sector productivo santafesino y nacional permanecen condicionadas a la recuperación del poder adquisitivo y a la estabilización de los costos de producción.

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