Diversas organizaciones de la comunidad travesti trans en la provincia avanzan en la presentación de un amparo judicial colectivo exigiendo el cumplimiento de la Ley 13.902. La falta de convocatorias oficiales desde el año 2021 derivó en la interrupción de ingresos al sector público provincial, precarizando el acceso a la estabilidad laboral.
El reclamo judicial cuenta con la adhesión de referentes activistas radicadas en Rosario, San Justo, Ceres y la capital santafesina. La falta de políticas públicas destinadas al colectivo profundizó el deterioro de las condiciones de vida, dificultando el acceso al empleo formal, la vivienda digna y el acompañamiento en salud mental en distintos distritos provinciales.
Estudios académicos recientes elaborados sobre las contrataciones estatales revelaron serias inconsistencias en la puesta en marcha de los protocolos. Las falencias en la selección evidenciaron que el mecanismo operó mediante una bolsa de postulantes sin asignación de cargos fijos, supeditando la incorporación efectiva a la voluntad presupuestaria de los ministerios.
Paralelamente, instituciones de educación superior como la Universidad Nacional del Rosario y dieciocho municipios santafesinos mantienen convocatorias pendientes. Las demandas de inclusión laboral persisten en la gestión pública local, siendo la municipalidad de Rosario la única jurisdicción que sostuvo de manera periódica los procesos de selección e ingreso formal de personal.
La vía judicial busca sentar un precedente normativo que fuerce la apertura de registros permanentes en la administración gubernamental. La presentación del amparo colectivo pretende garantizar el cupo legal obligatorio del cinco por ciento para personas con cambio registral en todo el territorio provincial.

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