Referentes de derechos humanos y especialistas en psicología radicaron una denuncia contra la legisladora santafesina. La acusan de apología del crimen y de intentar intimidar a profesionales que asisten a víctimas.
El debate por el endurecimiento de penas ante presuntas falsas denuncias llegó a la justicia federal y sacude la agenda política provincial. Para el vecino de Rosario y alrededores, esta discusión es clave porque impacta directamente en cómo los tribunales locales de Pellegrini y Balcarce procesarán los casos de violencia familiar de ahora en más.
La presentación judicial sostiene que la iniciativa de la senadora configura un plan de coacción e intimidación contra psicólogos y peritos judiciales. Los denunciantes afirman que endurecer las sanciones penales solo busca disuadir a quienes deben investigar abusos infantiles o violencia de género. El texto jurídico menciona delitos graves como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Por otro lado, un informe del Observatorio de Violencia de Género reveló que las denuncias falsas representan apenas el 0,09% de los casos totales en el país. Este dato estadístico contradice el argumento central del proyecto, indicando que no existe una emergencia criminal que justifique la reforma. La mayoría de las causas iniciadas por falsedades corresponden en realidad a conflictos vecinales o patrimoniales.
La polémica legislativa genera incertidumbre en las organizaciones que trabajan con víctimas de violencia en los barrios rosarinos. Si el proyecto prospera, advierten que podría haber un efecto inhibidor para denunciar hechos graves. El futuro de la normativa dependerá ahora del avance de esta causa penal en la justicia.
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