Las trazas que conectan la producción agropecuaria con la plataforma exportadora atraviesan un estado crítico por la falta de inversión estatal federal. La sobrecarga del transporte pesado desgasta diariamente las arterias estratégicas por donde transita la mayor parte de las cosechas del país hacia los puertos del Gran Rosario.
El flujo constante de millones de unidades de carga pesada procedentes de diversas provincias genera un impacto estructural inédito en la red caminera santafesina. Esta concentración de logística granaria demanda obras permanentes para garantizar la fluidez del comercio exterior y la seguridad de los usuarios que recorren los accesos regionales.
Frente a la inacción del Ejecutivo central, la administración provincial asumió la gestión directa de corredores neurálgicos como la traza A-012 para ejecutar obras urgentes. La financiación con recursos propios permitió desplegar frentes de trabajo simultáneos para revertir el deterioro acumulado tras la parálisis total de la obra pública nacional.
Las decisiones de la Casa Rosada apuntan exclusivamente a privatizar el mantenimiento mediante la instalación de cabinas de peaje por dos décadas. Este esquema de concesiones privadas prescinde de inversiones estatales para infraestructura de envergadura, limitando las tareas a reparaciones superficiales mientras persiste la incertidumbre sobre la recaudación de tributos específicos.
El abandono de los caminos federales expone una profunda desconexión de la gestión central con la realidad productiva del interior del país. La necesidad de respuesta institucional obliga al distrito santafesino a absorber costos operativos ajenos para evitar la parálisis de la principal arteria agroexportadora de la nación.

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