Un joven de 26 años fue arrestado en el club «Recuerdos de Evita» tras una denuncia por detonaciones. La policía secuestró una pistola Glock equipada con un cargador circular de 50 municiones y vainas servidas en el interior del establecimiento de Villa Urquiza.
La madrugada de este lunes se vio alterada por un grave episodio de violencia armada en el corazón de barrio Villa Urquiza. Tras el alerta de vecinos que oyeron gritos y disparos, efectivos del Comando Radioeléctrico irrumpieron en el predio social deportivo ubicado en la intersección de Pedro Lino Funes y La Paz. Allí, las fuerzas de seguridad lograron desarticular una situación de alto riesgo al aprehender a un sospechoso que portaba armamento con capacidad de fuego masivo dentro de las instalaciones del club.
Al ingresar al establecimiento cerca de las 5 de la mañana, los uniformados iniciaron una inspección que arrojó resultados inmediatos: en el baño de la planta alta hallaron una vaina servida, confirmando el uso reciente de armas de fuego. La requisa continuó hasta un entrepiso de madera, donde los agentes localizaron una pistola marca Glock de origen austríaco. El arma contaba con su numeración intacta y, lo más alarmante para los investigadores, estaba equipada con un cargador de tambor cargado con medio centenar de proyectiles.
El sujeto identificado como Ramiro Agustín M. fue demorado en el lugar como presunto responsable de los disparos y de la tenencia del material bélico. Actualmente, la fiscalía intenta determinar la procedencia del cargador especial y los motivos que originaron el violento incidente dentro de la entidad barrial. El detenido fue trasladado a la Comisaría 32ª, mientras se peritan las pruebas recolectadas y se busca el testimonio de potenciales testigos que se encontraban en el inmueble al momento de las detonaciones.
Este hecho se suma a una secuencia de ataques registrados en las últimas horas en Rosario, que incluyó una balacera contra una despensa en el barrio Puente Gallego. La proliferación de armas con accesorios de alta capacidad de carga en ámbitos civiles genera una creciente preocupación en las autoridades locales, que mantienen bajo reserva los avances de la pesquisa judicial.

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