Un megaoperativo policial conjunto desarticuló una red delictiva dedicada a amedrentar familias en el sector sudoeste rosarino. Los efectivos de las fuerzas especiales neutralizaron las actividades delictivas de un clan que operaba bajo las directivas de un jefe carcelario en funciones.
Las minuciosas tareas de inteligencia criminal surgieron como respuesta inmediata al malestar social de los habitantes linderos por las reiteradas balaceras nocturnas. Los grupos de irrupción táctica ejecutaron una serie de allanamientos simultáneos en propiedades usurpadas, permitiendo desarmar una estructura delictiva con fuertes antecedentes penales que mantenía bajo asedio y amenazas de desalojo forzoso a los residentes de los asentamientos periféricos locales.
Las requisas simultáneas abarcaron un total de diez inmuebles utilizados estratégicamente como centros de acopio y refugio temporal de los implicados. Los agentes de la policía de investigaciones secuestraron armamento semiautomático de alto poder destructivo, cartuchos de diversos calibres, dosis fraccionadas de sustancias estupefacientes y dispositivos informáticos, logrando además recuperar vehículos rodados menores que poseían pedidos de secuestro activo por robos calificados cometidos recientemente en las inmediaciones del cuadrante urbano santafesino.
El origen de las actuaciones judiciales se remonta a los primeros días de junio tras registrarse denuncias anónimas por extorsiones inmobiliarias. Las brigadas operativas de respuesta inmediata cruzaron testimonios clave e identificaron a los sospechosos, determinando que los arrestados, compuestos por nueve hombres y tres mujeres de distintas edades, conformaban un brazo logístico altamente violento que infundía temor público mediante la exhibición impune de armas de fuego de grueso calibre.
La causa penal quedó bajo la órbita de las unidades fiscales de flagrancia para avanzar en las correspondientes audiencias de imputación. Los peritos informáticos de los tribunales centrarán sus esfuerzos en el análisis técnico de las comunicaciones de los teléfonos celulares secuestrados, buscando desentrañar las conexiones de financiamiento de la organización criminal y consolidar las penas de prisión preventiva para la totalidad de los miembros capturados.
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