La Iglesia rosarina interviene en el debate por los «trapitos»: piden regular en lugar de prohibir

A través de una carta enviada a la Cámara de Diputados, la Pastoral Social local solicitó que se distinga entre el trabajador informal y quienes cometen extorsiones. El planteo eclesiástico busca frenar la prohibición total que ya cuenta con media sanción en la provincia de Santa Fe.

Si sos de los que se mueven en auto por el centro o las zonas de bares en Rosario, sabés que el tema de los cuidacoches es moneda corriente en cada esquina y genera opiniones divididas entre los vecinos. Esta semana la discusión subió de tono porque la Iglesia local decidió meterse de lleno en la Legislatura para pedir que no se barra a todos por igual. Mientras en la provincia avanza una ley para prohibir la actividad por completo, desde el Arzobispado proponen que el vecino pueda elegir si quiere pagar por el servicio, siempre que no haya amenazas de por medio.

La propuesta que llegó a manos de los diputados santafesinos se centra en crear un registro oficial de cuidacoches para identificar quiénes son los que realmente necesitan trabajar. Según la Iglesia, no se puede castigar a una persona que ofrece lavar o cuidar un vehículo honestamente en su barrio, ya que eso sería criminalizar la pobreza. El objetivo es que el Estado ponga el ojo en las mafias que extorsionan en eventos masivos y no en el vecino que busca una moneda de manera pacífica.

Desde la Pastoral Social advirtieron que prohibir la actividad sin ofrecer una alternativa laboral solo va a desplazar el conflicto hacia zonas menos controladas de la ciudad. Consideran que antes de aplicar multas o sanciones, el municipio debería realizar un censo real y ofrecer capacitación o asistencia social a quienes hoy viven de la informalidad en nuestras calles. Es una mirada que busca soluciones de fondo frente al desempleo que golpea a los sectores más vulnerables de la región.

El proyecto de ley actual, que ya pasó por Senadores, deja en manos de cada intendente la decisión de adherir o no a la prohibición total. Esto abre un escenario complejo para Rosario, donde la problemática tiene décadas de historia y afecta a cientos de personas. La Iglesia insiste en que el Estado debe intervenir con firmeza cuando hay violencia, pero también debe proteger la libertad de contratación entre privados cuando el acuerdo es voluntario y sin ningún tipo de presión.

Para los legisladores rosarinos, este planteo suma una presión extra en una semana donde se espera que el expediente avance en distintas comisiones de la Cámara baja. La Iglesia se mostró abierta al diálogo para buscar un esquema que combine el orden público con la inclusión social, remarcando que «empezar por prohibir y después ver qué hacer es empezar al revés». El debate promete seguir encendido mientras se definen las reglas de convivencia para quienes circulan y trabajan en el espacio público.

La resolución de este conflicto legislativo determinará cómo será la convivencia en las calles rosarinas y qué herramientas tendrá el municipio para gestionar la actividad en los barrios con mayor afluencia de vehículos.