Efectivos del Escuadrón 46, apostados sobre la autopista a Buenos Aires, fueron acusados de apropiarse de cargamentos ilegales para comercializarlos en el circuito minorista de la región. El grupo operaba como una «comunidad delictiva» que omitía denunciar los operativos a cambio de millonarios pagos en efectivo y transferencias virtuales.
Si solés viajar por la autopista o pasás seguido por el peaje de General Lagos, esta noticia te toca muy de cerca porque involucra a quienes deben cuidarnos en las rutas que conectan a Rosario. La justicia federal puso la lupa sobre una banda que operaba justo ahí, a pocos kilómetros de nuestras casas, transformando un puesto de control vial en un centro de logística delictiva. Para el vecino de la zona sur y de las localidades vecinas, es fundamental conocer este caso porque revela cómo una estructura oficial fue desviada para alimentar un mercado negro de mercadería incautada, afectando la transparencia de los operativos de seguridad que vemos todos los días en el ingreso a nuestra ciudad.
La investigación, encabezada por los fiscales Franco Benetti y Matías Mené, detalla que entre enero y mayo de este año, los uniformados se habrían quedado con más de 1.100 kilogramos de hojas de coca. La maniobra era sistemática: en lugar de labrar las actas correspondientes por infracción aduanera, los agentes ocultaban la mercadería y se la entregaban a un compañero que coordinaba la reventa.
El grupo tenía una división de tareas muy clara para evitar sospechas internas. Nueve de los gendarmes se encargaban de las interceptaciones en plena ruta, mientras que otros integrantes gestionaban la logística y el cobro. Se detectaron pagos que superaban los 3,5 millones de pesos por un solo cargamento, dinero que se repartía entre los participantes mediante billeteras virtuales o pagos mano a mano.
El caso explotó tras la detención de uno de los principales implicados cuando transportaba 180 kilos de coca en un procedimiento de rutina. A partir de allí, el peritaje de los teléfonos celulares fue clave para reconstruir meses de mensajes donde se fijaban precios, se coordinaban entregas y se pactaban las «zonas liberadas» dentro del mismo escuadrón de seguridad vial.
Incluso una vecina de Rosario fue imputada en esta causa, señalada como la encargada de recibir gran parte de la mercadería para su distribución final en los barrios. Durante los allanamientos en su domicilio, se encontraron bolsones listos para la venta, confirmando que la red de los gendarmes del Arroyo Seco tenía un alcance directo en el consumo minorista local.
Ante las evidencias presentadas, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó medidas cautelares y embargos millonarios para asegurar que los bienes de los implicados queden afectados al proceso. Los gendarmes enfrentan cargos por asociación ilícita, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando agravado, delitos que conllevan penas severas de prisión y multas que multiplican varias veces el valor de lo robado.
Por ahora, los imputados deberán presentarse periódicamente ante la justicia y tienen prohibido salir del país mientras la instrucción continúa su curso. Para la comunidad local, el hecho deja un clima de desconfianza sobre los controles en la autopista, mientras se espera que las pericias telefónicas restantes revelen si existen más personas involucradas en esta organización que operaba en las sombras del peaje.
La causa permanece abierta y no se descartan nuevos allanamientos en depósitos vinculados a la logística de distribución que la banda utilizaba en diferentes puntos del Gran Rosario.
Más historias
Inseguridad en los barrios de Alvear: detuvieron a un trabajador por robar materiales y herramientas
Alerta en la región por la búsqueda de dos hermanos implicados en la causa de la avioneta narco
Madrugada de terror en avenida San Martín: se estrelló contra una vivienda y murió en el Heca