La audiencia penal desarrollada en los tribunales locales determinó la prisión preventiva por dos años para el sospechoso de veintisiete años. Las pericias médicas comprobaron agresiones sexuales ultrajantes contra la mujer antes de ser ejecutada junto a su esposo, descartándose la hipótesis inicial de siniestro accidental.
Las evidencias recolectadas por las brigadas de balística complicaron de forma definitiva la situación jurídica del único imputado. Las cámaras viales y el decomiso de una pistola semiautomática en los allanamientos ratificaron la presencia del agresor en el domicilio de las víctimas, abriéndose líneas investigativas sobre presuntos partícipes en el sangriento episodio comunal.
Los informes presentados por el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que el detenido accedió a la vivienda rural aprovechando la confianza previa con los damnificados para perpetrar el ataque armado. El peritaje balístico de las vainas servidas arrojó una coincidencia absoluta con el arma secuestrada en poder del malviviente, quien además prendió fuego las habitaciones residenciales para intentar borrar los rastros del femicidio y de los múltiples disparos infligidos en el cráneo del anciano, quien falleció tras agonizar varios días en el efector de salud provincial.
Los investigadores ministeriales mantienen bajo reserva los testimonios vecinales para profundizar el verdadero móvil del trágico acontecimiento delictivo. La resolución dictada por los magistrados garantiza el resguardo de las pruebas mientras se eleva la causa al juicio oral correspondiente.
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