Un operativo conjunto derivó en la captura de integrantes de la Policía de Acción Táctica. Las autoridades del ministerio público fiscal determinaron que los uniformados habrían quemado intencionalmente a un ciudadano para fraguar un procedimiento delictivo en la vía pública.
La investigación penal determinó que los imputados fraguaron el parte oficial describiendo el gravísimo incidente como un hecho accidental. Los fiscales de la unidad de violencia institucional imputarán a los involucrados por tentativa de homicidio calificado y falsedad ideológica.
La investigación judicial demostró que la patrulla interceptó a un transeúnte obligándolo a confesar la pertenencia de un bolso con elementos sospechosos. Los miembros de la fuerza provincial vertieron alcohol sobre las extremidades del damnificado provocándole quemaduras profundas que demandaron tratamientos intensivos y traqueotomía, mientras que uno de los cabecillas arrestados ya registraba condenas previas en los tribunales federales por sustracción de estupefacientes en operativos clandestinos.
El relevamiento de las pruebas científicas destruyó la versión inicial de una supuesta flagrancia con autolesiones involuntarias durante un intento de fuga. Las graves secuelas anatómicas visibles en el rostro del sobreviviente sirvieron como testimonio clave para desbaratar el pacto de silencio, exponiendo una trama de encubrimiento agravado, amenazas coactivas e incumplimiento de los deberes públicos que sacude las estructuras de control.
Las detenciones preventivas buscan garantizar el resguardo de las evidencias documentales recolectadas en las comisarías regionales. Los organismos de derechos humanos provinciales exigen una reestructuración integral de las brigadas operativas para evitar la repetición de conductas aberrantes por parte de los estatales.

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