La justicia provincial determinó el cese del alojamiento preventivo para el menor implicado en el crimen de la oficial Rosalía Yamila La Roza. Los familiares de la víctima uniformada manifestaron su total rechazo y temor ante el inminente regreso del implicado.
El imputado permanecía bajo la tutela de los organismos provinciales de minoridad en una localidad alejada debido a su condición legal de no punibilidad. Los magistrados del fuero penal hicieron lugar a un requerimiento de la secretaría de niñez para permitir el retorno del joven al mismo vecindario donde aconteció el homicidio, una medida que causó consternación profunda entre los allegados directos que residen de forma permanente en los barrios de Villa Gobernador Gálvez.
Los reportes de la causa penal constataron que el ataque domiciliario fue minuciosamente planificado por el menor durante más de un mes previo a su ejecución. Los abogados de la querella confirmaron que presentarán un recurso de apelación centrado exclusivamente en las pericias de salud mental del adolescente, advirtiendo que el chico comunicó sus intenciones delictivas a personas de su entorno íntimo tanto antes como después de consumar el trágico asesinato con el arma reglamentaria.
La madre de la mujer policía e instructora cruzó con dureza al magistrado Surraco por los riesgos vecinales que implica tener al joven libre en la vía pública. Al expresar su desesperación, la mujer exclamó que “lo hago responsable porque está lanzando este monstruo a la calle”, marcando la desprotección total de la familia mientras la representación legal exige recuperar el acceso a la vivienda familiar para retirar objetos personales y evitar seguir revictimizando a los parientes en medio del duelo.
La resolución generó un fuerte debate sobre el tratamiento institucional de los menores involucrados en delitos de extrema gravedad social. Los psicólogos de los tribunales rosarinos deberán remitir nuevos informes sobre la peligrosidad del implicado, mientras los habitantes del sector costero expresan su alarma y solicitan medidas de protección urgentes ante la vulnerabilidad habitacional en la que quedaron tras la polémica liberación del atacante.
Más historias
Resolución en los tribunales: primera condena firme contra una integrante de la barra brava que amenazó a Ángel Di María en un country de Funes
La Policía Federal detuvo a un presunto distribuidor de drogas de diseño que operaba en fiestas electrónicas
Giro en la causa de Carcarañá: detuvieron a dos sospechados de agredir salvajemente al suboficial en la final de fútbol