La investigación detectó intercambios en redes bajo anonimato y no descarta que el adolescente haya recibido apoyo de terceros.
La audiencia celebrada este viernes en San Cristóbal dejó en claro que el ataque armado no fue un brote espontáneo del estudiante de 15 años.
Los representantes del MPA explicaron que se encuentran analizando «información contundente» sobre los movimientos digitales del menor antes del lunes fatídico. El uso de comunidades herméticas y estrategias de ocultamiento de identidad son los principales obstáculos que enfrenta la fiscalía para identificar a potenciales colaboradores. Este entramado virtual sugiere que el joven no estuvo solo en la gestación de la idea criminal que terminó con un fallecido y ocho heridos.
En paralelo, los fiscales criticaron que el magistrado denegara la presencia física del joven en la sala, quien siguió el proceso a través de un monitor desde otra localidad. Para Carlos Vottero, esta modalidad virtual dificulta la conexión necesaria para que el adolescente reflexione sobre la magnitud del daño causado, un paso indispensable en la justicia de menores.
Mientras se aguardan peritajes telefónicos, el juzgado mantiene el secreto de sumario para proteger la integridad del proceso.
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