La institución, que asiste a adultos con discapacidad desde hace casi cuatro décadas, denunció una deuda millonaria del programa Incluir Salud y atrasos en los pagos de las obras sociales. La comunidad se movilizó para visibilizar la falta de fondos que pone en riesgo la continuidad de las terapias y la alimentación diaria de los concurrentes.
El vecino de la zona sur debe conocer la crítica situación de este espacio terapéutico, ya que su cierre afectaría no solo a las familias que dependen de su contención, sino también a la estabilidad laboral de decenas de profesionales. Tras 38 años de trayectoria, la falta de cumplimiento estatal en los pagos amenaza con desmantelar un servicio esencial para la ciudad.
La falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional mantiene en vilo a los trabajadores que desempeñan sus tareas en la sede de bulevar Oroño. La coordinadora terapéutica advirtió que el programa federal arrastra una mora de 90 millones de pesos, situación que se agrava por el incremento en los costos operativos y la necesidad de cubrir el alquiler con ajustes trimestrales.
El centro brinda desayuno, almuerzo y viandas a treinta personas que, en muchos casos, no cuentan con otros recursos para alimentarse. El gabinete interdisciplinario, compuesto por psicólogos y acompañantes, alertó sobre el retroceso emocional que sufrirán los adultos si se interrumpe el vínculo afectivo y terapéutico, un daño que resultaría difícil de revertir en el corto plazo.
Desde la asociación civil Alas confirmaron que solo podrán sostener la estructura hasta julio si no reciben respuestas concretas de las entidades financiadoras. La incertidumbre crece entre los familiares, quienes temen quedar a la deriva frente al vaciamiento de las políticas públicas destinadas a la discapacidad en la región.
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