El hijo de la conocida activista Norma Acosta quedó detenido tras ser acusado de utilizar sus conocimientos informáticos para eliminar evidencia de un celular secuestrado. La maniobra, realizada de forma remota mientras el teléfono estaba en manos de la Policía Federal, buscaba ocultar conversaciones con figuras de alto peso político.
El vecino de zona sur y de barrio Tablada debe seguir de cerca este caso porque revela cómo se manipula la seguridad en nuestras propias calles. Lo que parece una historia de espionaje ocurrió entre una sucursal de telefonía local y una casa de familia, afectando directamente la transparencia de las investigaciones judiciales.
La acusación del fiscal sostiene que Sergio L. colaboró con su madre para intervenir un dispositivo bajo custodia oficial. Todo comenzó cuando la mujer, tras recuperar la libertad, denunció falsamente el extravío de su línea en una oficina céntrica para obtener un nuevo chip y recuperar el control de su cuenta.
Con la nueva tarjeta SIM en su poder, ambos se reunieron en una vivienda de la zona sur. Allí, aprovechando sus habilidades tecnológicas, vincularon la cuenta de Gmail del teléfono secuestrado a un nuevo aparato. De esta manera, lograron acceder a los chats de WhatsApp que la policía debía peritar.
El objetivo era eliminar mensajes, fotos y archivos que vinculaban a la mujer con funcionarios públicos y un legislador nacional. Esta limpieza digital se realizó de forma remota mientras el aparato original estaba guardado en la sede de la Policía Federal de Rosario, lo que sugiere una grave falla operativa.
La justicia dictó la prisión preventiva para el joven por inutilización de objetos custodiados. Este episodio se desprende de la causa mayor donde la activista está presa por planificar una balacera contra su propio domicilio en Pasaje Larguía al 3400, intentando culpar falsamente a sectores de la policía provincial.
Una trama de engaños que cruza la informática con el delito y deja bajo la lupa el nivel de seguridad de las pruebas en la ciudad.
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