La Justicia provincial atraviesa una nueva semana de roces internos. Mientras los fiscales del MPA intentan avanzar contra el narcomenudeo en los barrios, una serie de resoluciones de primera instancia rechazaron imputaciones y otorgaron libertades en causas con secuestros de droga y millones de pesos en efectivo.
El vecino de Rosario que camina por Tablada o barrio Plata tiene que seguir de cerca lo que pasa en las oficinas de Pellegrini y Balcarce, porque lo que se decide ahí impacta directo en la seguridad de su cuadra. Existe un malestar creciente en la Fiscalía de Microtráfico debido a que, a pesar de los operativos con secuestro de cocaína y dinero, varios detenidos están volviendo a la calle por falta de «pruebas suficientes» según el criterio de algunos jueces locales, lo que genera una sensación de puerta giratoria en investigaciones que llevaron meses de vigilancia.
La tensión escaló tras el caso de la banda de «Blancanieves» en la zona de Camino Nuevo a Soldini al 3700. Aunque la Policía Federal incautó dosis de cocaína y casi dos millones de pesos, la resolución judicial terminó con dos personas libres y el rechazo de las imputaciones para otros sospechosos que habían sido vistos realizando «pasamanos» en la vía pública. Esto genera indignación en el Ministerio Público de la Acusación, donde consideran que los indicios eran más que claros para mantener los arrestos.
Otro episodio que encendió las alarmas ocurrió en barrio Tablada, un sector duramente castigado por la violencia territorial. Allí se secuestraron más de dos kilos de droga y una suma millonaria en moneda nacional y extranjera durante la semana pasada. Sin embargo, la justicia decidió que una de las personas encontradas en el domicilio con el cargamento quedara en libertad inmediata, una decisión que para los investigadores locales debilita el mensaje de control estatal en las zonas más calientes de la ciudad.
El clima de disputa también alcanzó la investigación sobre el control territorial en barrio Plata. En esta causa se apuntaba contra un esquema de búnkeres y cobro de «protección», presuntamente vinculado a figuras conocidas del hampa rosarino. A pesar de la gravedad de los cargos sobre el manejo de estos espacios, la jueza a cargo otorgó el beneficio del arresto domiciliario a una de las principales sospechosas, argumentando que la evidencia presentada por la fiscalía no era lo suficientemente sólida.
Este ida y vuelta de criterios entre quienes investigan y quienes juzgan no es un tema menor para el rosarino de a pie. Mientras los fiscales denuncian que estas libertades tienen un impacto negativo inmediato en la tranquilidad de los barrios, desde el sector judicial se exige mayor rigor en la recolección de pruebas. En el medio queda el vecino, que espera respuestas concretas mientras observa cómo procedimientos de alto perfil mediático terminan diluyéndose en los pasillos de los Tribunales provinciales.
La falta de unidad de criterios en las causas de microtráfico profundiza la crisis del sistema penal santafesino en un momento donde la presencia del Estado en el territorio es más exigida que nunca.
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