La administración nacional aplicó una nueva tanda de bajas en beneficios no contributivos por invalidez laboral durante octubre y noviembre. Paralelamente, modificó el circuito administrativo quitando a la ANSES como ventanilla presencial y revelando una virtual paralización de altas desde el año pasado.
Esta reestructuración administrativa golpea directamente a sectores vulnerables, obligando a los titulares afectados a presentar documentación médica actualizada bajo plazos estrictos y notificaciones imprecisas. Mientras el oficialismo argumenta tareas de auditoría patrimonial, entidades defensoras denuncian un severo recorte encubierto y una fuerte subejecución presupuestaria estatal.
Cambios en los trámites, freno a las altas y disputa presupuestaria
A las suspensiones dispuestas mediante resoluciones recientes, se suma el desplazamiento de la ANSES como receptora de descargos, derivando toda gestión presencial hacia dependencias habilitadas del PAMI. Asimismo, pedidos de acceso a la información confirmaron que durante 2025 no se otorgó ninguna pensión nueva, acumulándose cientos de miles de expedientes sin resolución efectiva mientras el haber mensual permanece muy por debajo de la canasta básica medida por el INDEC.
En el plano político y judicial, el Gobierno respalda la medida en un fallo de apelación que aún enfrenta recursos ante la Corte Suprema, defendiendo la revisión de presuntas incompatibilidades patrimoniales. Sin embargo, organizaciones sectoriales advierten que el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta reducir aún más los ingresos y eliminar el nomenclador único, agravando la crítica situación de desempleo que afecta al colectivo.
Con decenas de miles de familias obligadas a revalidar su condición médica frente a un sistema cada vez más restrictivo, el conflicto trasciende lo meramente administrativo para convertirse en una profunda crisis social que amenaza la cobertura básica de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.

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