Un acuerdo entre mandatarios provinciales del norte argentino, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dio lugar a un nuevo proyecto de ley para autorizar el cabotaje fluvial y marítimo a buques de bandera extranjera. La iniciativa, que busca ampliar la oferta naviera y abaratar los costos de transporte para las economías regionales, contrasta con la postura de la provincia de Buenos Aires y de sectores gremiales que defienden el esquema vigente desde 1944.
El texto legislativo autoriza la libre navegación y el comercio de cabotaje interno para embarcaciones tanto nacionales como internacionales, previo aviso a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). No obstante, para atenuar tensiones sindicales, la propuesta mantiene la reserva exclusiva de la bandera nacional para sectores calificados como estratégicos, entre los que se incluyen la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre y el practicaje.
En el plano laboral, la norma establece que el personal de buques extranjeros se regirá por la legislación de su país de origen, bajo el piso normativo del Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006) y los tratados de la Organización Marítima Internacional (OMI), con la fiscalización de la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, se fijan incentivos tributarios como una alícuota reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias para empresas dedicadas al cabotaje y esquemas de amortización acelerada de inversiones.
El impacto estratégico en la provincia de Santa Fe
Para el territorio santafesino, la desregulación fluvial se inserta en un esquema de articulación logística integral. En consonancia con la privatización prevista para el Ferrocarril Belgrano Cargas y la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la medida busca consolidar el nodos operativo del Gran Rosario como un hub logístico clave.
El proyecto apunta a dinamizar el flujo de insumos y producción entre las provincias del NOA, NEA y los puertos del sur santafesino, conectando la minería cordillerana, el sector agroindustrial y la provisión de insumos para la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de senadores nacionales, entre ellos legisladores santafesinos y representantes del bloque del norte del país, constituyendo un paso significativo en la reorganización del transporte de cargas por la hidrovía Paraná-Paraguay.

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