La obra social de los jubilados atraviesa su tercera jornada de protesta gremial. Sin atención odontológica ni ópticas, los afiliados rosarinos enfrentan además la reprogramación de cirugías y traslados compulsivos de prestadores.
La crisis en la atención a los adultos mayores alcanzó un punto de máxima tensión esta semana. Al cese de actividades de los médicos de cabecera se le sumó una parálisis casi total en especialidades críticas, dejando a miles de beneficiarios a la deriva. Desde los gremios advierten que la falta de respuestas salariales y operativas no solo afecta la atención administrativa, sino que ha comenzado a desmoronar la red de contención sanitaria en los sanatorios locales, donde incluso los anestesistas han limitado su labor exclusivamente a situaciones de vida o muerte.
Sergio Delfino, referente de ATE, describió un escenario desolador en las sedes de la obra social. Según el dirigente, el conflicto trasciende lo salarial y golpea directamente en la calidad de vida de los abuelos, quienes hoy no cuentan con cobertura en anteojos ni atención dental programada. El malestar se profundiza por la derivación forzosa de unos 9 mil afiliados hacia la Mutual Abril, un cambio de prestador que muchos califican como arbitrario y que desorganiza las historias clínicas y los tratamientos de largo plazo que venían sosteniendo en otras instituciones.
La incertidumbre también se traslada a las farmacias. Existe una amenaza creciente de interrupción en la entrega de medicamentos esenciales si no se llega a un acuerdo en las próximas 48 horas. A pesar del mal clima, las oficinas de atención al público se vieron colmadas de personas buscando recetas que nadie firma y órdenes para especialistas que han quedado suspendidas. Las autoridades del organismo prometen una normalización para la semana entrante, aunque la base trabajadora mantiene el estado de alerta por la falta de una propuesta concreta de recomposición.
Mientras el conflicto escala, el sector más vulnerable de la sociedad rosarina queda rehén de una puja administrativa que pone en jaque su derecho más básico: la salud.
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