Transporte en jaque: empresarios del sur santafesino exigen un aumento del 40% para no frenar los micros

Referentes del sector interurbano alertan sobre un colapso inminente debido al desfase de costos. Aseguran que el combustible y los repuestos, atados al precio del crudo, hacen inviable sostener el esquema actual de recorridos.

La conexión vial entre las localidades del Gran Rosario enfrenta una de sus crisis más agudas de los últimos años. Las empresas prestatarias del servicio de media distancia elevaron un pedido formal a la Casa Gris para ajustar el valor del pasaje de manera inmediata. Según explican desde las firmas líderes, como Tata Rápido, el sistema ya opera con una reducción de frecuencias cercana al 20% para intentar equilibrar las cuentas, pero advierten que sin una respuesta estatal, las unidades podrían dejar de circular definitivamente por las rutas regionales.

El detonante de este escenario crítico es la escalada del petróleo a nivel mundial, que impactó de lleno en los surtidores locales con subas que superan el 70% desde agosto pasado. Lilian Garnica, vocera del sector, detalló que el transporte es la actividad más castigada por la coyuntura internacional, ya que sus insumos básicos dependen directamente de la cotización del crudo. En este contexto, sostienen que el incremento solicitado de entre el 35% y el 40% es el mínimo necesario para cubrir el desfasaje acumulado frente a la inflación y los recientes acuerdos paritarios.

Actualmente, las terminales de la región muestran un panorama de incertidumbre, con menos opciones de viaje para los trabajadores y estudiantes que dependen del interurbano. Si bien existe un canal de comunicación con los funcionarios provinciales, la falta de una resolución concreta genera malestar en los directivos de las compañías. La advertencia es clara: la operatividad está al límite y la falta de ingresos genuinos podría derivar en un cese de actividades espontáneo ante la imposibilidad de afrontar los gastos diarios de mantenimiento y carga de combustible.

La decisión ahora está en manos de la Provincia, que deberá evaluar cómo equilibrar la necesidad de rentabilidad de las empresas con el golpeado bolsillo de los usuarios del sur santafesino.