La iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional introdujo severas modificaciones que afectarán de lleno al sector. La propuesta oficial busca derogar puntos centrales de la normativa vigente para endurecer los requisitos de acceso a las pensiones y eliminar el arancel único de atención.
El texto enviado al Congreso pretende reemplazar la actual pensión por discapacidad por un esquema de invalidez laboral. Esta reformulación exige dejar la actividad formal para mantener el beneficio estatal, quitando la compatibilidad con el empleo registrado que garantizaba la legislación actual.
Asimismo, las modificaciones suprimen la garantía explícita de cobertura médica integral y desarticulan el sistema de aranceles universales para los prestadores. Dirigentes opositores y referentes santafesinos denunciaron un grave retroceso que dejaría a miles de familias libradas a las condiciones que fije de forma discrecional cada financiador.
La controversia estalla de manera enrarecida mientras en la Cámara de Diputados se debate la prórroga de la emergencia. Las comisiones parlamentarias iniciaron un tenso debate donde chocan la intención del Gobierno de recortar prestaciones y el reclamo federal por proteger los derechos conquistados.
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