Luz verde a la nueva Ley de Glaciares: el oficialismo logró los votos para reformar la protección ambiental

Tras obtener 137 adhesiones en el Congreso, el Gobierno Nacional consiguió modificar la ley vigente desde 2010. La reforma habilita el desarrollo en regiones periglaciales y otorga nuevas facultades de control a las administraciones provinciales.

Alrededor de las 2:30 de este jueves, el Congreso Nacional cerró un capítulo clave en la agenda legislativa del Ejecutivo al aprobar las modificaciones a la Ley de Glaciares. El resultado fue posible gracias a un abanico de apoyos que superó las fronteras de La Libertad Avanza, sumando votos de Innovación Federal y legisladores individuales de Unión por la Patria, en un debate que puso frente a frente al productivismo y el conservacionismo.

La nueva legislación introduce cambios sustanciales en la delimitación de las áreas protegidas, flexibilizando las restricciones que pesaban sobre las zonas periglaciales para favorecer inversiones en sectores estratégicos. Desde las bancas que defendieron el proyecto, se argumentó que la ley anterior presentaba ambigüedades que frenaban el crecimiento económico sin criterios técnicos sólidos, y que ahora se otorga seguridad jurídica a las provincias sobre sus recursos naturales. No obstante, el bloque de la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, junto a la mayor parte del peronismo, rechazaron la medida argumentando que la vulnerabilidad de los hielos continentales se ve seriamente comprometida bajo este nuevo marco.

A lo largo de la jornada parlamentaria, se vivieron momentos de fuerte cruce dialéctico. La oposición intentó, sin éxito, forzar apartamientos de reglamento para tratar la gestión de funcionarios actuales, pero el oficialismo mantuvo la cohesión de su mayoría circunstancial. Con la presencia de autoridades del Ejecutivo en el recinto, se selló este acuerdo que redefine el uso del suelo en la cordillera, permitiendo a los estados provinciales realizar sus propios relevamientos territoriales en ausencia de datos nacionales completos.

Con esta sanción, el Ejecutivo anota un triunfo político fundamental en su programa de desregulación, dejando en manos de los gobiernos locales la responsabilidad de equilibrar la explotación de recursos con la preservación del ecosistema.