El tribunal de alzada respaldó las sanciones penales para los exintegrantes del Poder Judicial implicados en la causa. La resolución de los camaristas confirmó la responsabilidad de los acusados en la trama de protección al juego ilegal.
Los jueces dieron por acreditado el cobro de sobornos a un conocido empresario del rubro para garantizarle impunidad operativa. El respaldo del fallo oficial mantendrá en prisión preventiva a los dos implicados hasta que la sentencia quede firme.
La pena impuesta al exjefe de los fiscales alcanza nueve años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por su parte el exempleado Ugolini recibió una sanción de cinco años por su participación en la asociación ilícita.
Las investigaciones del caso expusieron maniobras sistemáticas para desviar causas y proteger actividades delictivas en toda la región. De esta forma la causa por corrupción judicial suma una definición clave tras el testimonio brindado por un imputado colaborador.
El desenlace del proceso sienta un antecedente determinante para el control de la conducta de los funcionarios estatales. La medida dictada por alzada cierra una etapa decisiva en la persecución del delito organizado dentro del sistema penal.
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