El control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y los auxiliares de la justicia en los barrios santafesinos sumó un capítulo clave para la tranquilidad de la comunidad. La confirmación del castigo judicial para los involucrados garantiza que las denuncias ciudadanas contra los abusos de autoridad tengan respuestas efectivas en las dependencias de la región.
La investigación penal demostró que los delitos ocurrieron en la Comisaría Cuarta, ubicada en el corazón de barrio Roma. Las autoridades comprobaron que el agente policial le ocultó a un ciudadano su orden de liberación para exigirle una suma de dinero y estupefacientes a cambio de no perjudicar su situación procesal.
Ante la presión ejercida por el uniformado, el implicado coordinó la participación de un abogado particular para presionar a la familia de la víctima en el hall de la seccional. El profesional intentó convalidar la maniobra ilegal argumentando supuestas influencias sobre el cuerpo de fiscales locales, recibiendo un teléfono y documentación vehicular como garantía del pago.
Los damnificados notificaron el chantaje en la sede judicial de calle Primero de Mayo, permitiendo el inicio de un operativo de entrega controlada. El personal de Asuntos Internos sorprendió al abogado recibiendo los billetes marcados en la intersección de Hernandarias y avenida Peñaloza, logrando la detención inmediata de los coautores de la maniobra delictiva.
La resolución de la Cámara de Apelaciones ratificó la culpabilidad por la tentativa de extorsión calificada cometida el domingo 2 de julio de 2017. Los magistrados ponderaron el daño institucional provocado a la confianza pública de los vecinos desde el momento exacto en que se consumaron los hechos delictivos.

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