La investigación sobre una millonaria red delictiva dentro de la Unidad Regional II arrojó las primeras sentencias firmes contra suboficiales. Los implicados reconocieron las irregularidades en la carga de insumos y aportaron datos clave bajo una figura legal que redujo sus penas.
El dictamen en el Centro de Justicia Penal confirmó sanciones de ejecución condicional e inhabilitaciones perpetuas para el desempeño estatal. Las autoridades comprobaron un millonario perjuicio mensual a las arcas provinciales que afectaba el patrullaje preventivo en los barrios.
Los tres agentes procesados admitieron su culpabilidad en el montaje clandestino que falseaba planillas y adulteraba facturas de consumo. Mediante el cruce de dispositivos de geolocalización, la Fiscalía constató que se registraban movimientos de unidades que permanecían estacionadas, detectando desvíos desde una estación de servicio local.
El expediente principal acumula una veintena de acusados e involucra directamente a los antiguos directivos de la fuerza santafesina. El Ministerio Público solicitó severas penas de prisión efectiva para la ex cúpula, mientras los organismos de control agilizan los trámites administrativos para efectivizar la destitución de los investigados.
Los mecanismos delictivos internos incluían un sistema paralelo de penalizaciones donde los subalternos debían abonar mercaderías comestibles por sus fallas organizativas. Los peritos estimaron un fuerte recupero de fondos públicos tras implementarse nuevas auditorías digitales de supervisión.
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